LA ABERRACIÓN

Los crímenes del franquismo se vuelven contra el juez Garzón, que ha intentado investigarlos.

El País/08-02-2010

La aberración histórica de que herederos ideológicos del franquismo sienten en el banquillo al juez que intentó investigar los crímenes de aquel régimen, a demanda de familiares de víctimas que todavía yacen en fosas comunes, lleva camino de consumarse. Como si entráramos en el túnel del tiempo o el pasado más oscuro retornara, el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela, instructor de las querellas por prevaricación formuladas por el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, ha concluido que hay motivos para enjuiciar a Baltasar Garzón por abrir una causa penal contra el franquismo. Ironía máxima: está pendiente de resolver otra del mismo tenor nada menos que de Falange Española.

"En muchos sitios no hemos encontrado a las personas que esperábamos y eso ha representado para las familias un verdadero disgusto. Pero, por lo menos, todos hemos hecho el esfuerzo de intentar localizar a los muertos. Como unos representan a otros porque todos corrieron el mismo destino, fueron asesinados injustamente, todos son los mismos y es lo que debe reconfortarnos ya que nunca podremos encontrar a los más de 100.000 que se dice que desaparecieron en idénticas circunstancias". Es la idea que el director de Antropología de Aranzadi, Paco Etxeberría, intentó transmitir a modo de puntos de sutura en la herida abierta de los familiares de Bonifacio Gracia Enciso e Higinio Arriazu Gil, los dos abliteros asesinados en 1936 cuando tenían 51 y 30 años respectivamente. A instancias de la Asociación Para No Olvidar, podrían reposar por fin en su pueblo, bajo un monolito de piedra de cantera que el mismo colectivo está construyendo en el cementerio de Ablitas para su reposo y el de otros seis desaparecidos.

La ARMH efectúa a través de un comunicado un llamamiento a todas las personas que quieran honrar a los tres hombres para que acudan al acto público.Se trata de una oportunidad de hacer justicia simbólica a los tres hombres asesinados por sus ideas y a sus familias que tuvieron que vivir una tragedia cuyas consecuencias están a punto de reparar.

El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela considera que Baltasar Garzón prevaricó al abrir la primera causa penal contra los crímenes del franquismo. Y lo dice en un auto que cierra cualquier vía a la defensa del juez de la Audiencia Nacional, negándo incluso su principal argumento: que admitió a trámite las denuncias de las víctimas del franquismo para darles la justicia que les había sido negada. Pero Varela todavía no da el paso definitivo para juzgarlo, porque entiende que debe darlo la Sala que admitió la primera querella presentada contra el juez de la Audiencia Nacional.

Es decir, Varela se reserva la transformación del procedimiento, imprescindible para sentar en el banquillo a Garzón, a que la Sala confirme su auto de ayer. De esta forma, deja en manos de cinco de sus compañeros de la Sala de lo Penal la decisión definitiva sobre Garzón, si es que este decide seguirle el juego y recurre la resolución. Se ocupará el presidente de la Sala, Juan Saavedra, y los magistrados Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Joaquín Giménez y Adolfo Prego. Este último fue ponente del auto de admisión a trámite y las acusaciones intentaron apartarlo del caso, tras saber que había firmado un manifiesto contra la Ley de Memoria Histórica que culpa a los partidos de izquierdas de la Guerra Civil y que es patrono de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES).

Que Miguel Hernández era un convencido de sus ideales era algo difícil de discutir. Ahora, después de darse a conocer cartas inéditas del poeta, esta afirmación cobra mucho más sentido, ya que las misivas muestran cómo Hernández se negó a hacer un "gesto" favorable al régimen franquista para evitar su fusilamiento. 

Así lo ha relatado la persona que posee esas cartas, Gonzalo Santoja, que dirige el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, organizador del primer Congreso en conmemoración del centenario del nacimiento de Hernández, que se celebra desde este miércoles en Burgos.

Según Santoja, mientras estaba en la cárcel, el poeta recibió la visita de José María de Cossío, un amigo íntimo. Cossío no iba solo, sino que le acompañaban escritores falangistas que le propusieron hacer "algún gesto" de arrepentimiento o apoyo al régimen. Hernández no sólo se negó, sino que echó a los visitantes.

Hernández escribió a su amigo comentándole lo "lamentable" de lo ocurrido, aunque reconociendo que actuaron desde la "pasión" para intentar salvarle la vida. Sin embargo, el poeta lamentó que no actuaran "desde la razón", por lo que mantuvo su posición y sus ideas. 

Haciendo uso del legítimo derecho de acceso a la justicia, los familiares de víctimas de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo presentaron denuncias ante la Audiencia Nacional en diciembre de 2006 buscando una respuesta unitaria de los tribunales españoles que acabara con la inseguridad jurídica e indefensión que les suponía el peregrinaje al que estaban siendo sometidos por los juzgados territoriales. La propia Ley 52/2007, de la Memoria Histórica, a pesar de sus obstáculos, determina con claridad que los derechos y previsiones contenidas en la ley son plenamente compatibles con el ejercicio de las acciones a que hubiere lugar ante los tribunales de justicia, conforme a las normas internas y los convenios internacionales suscritos por España. Y es que el derecho de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos a conocer la verdad pasa necesariamente -así lo dice el Derecho Internacional- por la existencia de un proceso judicial.

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha resaltado, entre sus principales áreas de preocupación incluidas en su informe remitido al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2009, que en demasiados países las personas que tienen derecho a denunciar casos de desapariciones forzadas ante una autoridad independiente y competente todavía no han logrado que sus denuncias sean investigadas sin dilación y de forma imparcial y exhaustiva.

En España, la mayoría de los tribunales territoriales ha venido aplicando la Ley 46/1977, de Amnistía, la prescripción de los delitos y la irretroactividad de la norma penal para así no tener que investigar. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -que declaró la incompetencia de esa sede para conocer de los hechos denunciados- tuvo la inmejorable oportunidad para pronunciarse sobre tales cuestiones de fondo pero evitó hacerlo poniendo de relieve la incomodidad de aclarar si pueden o no aplicarse tales mecanismos de impunidad.